Una de las máximas políticas no escritas que el Gobierno pretende instaurar en su segundo tiempo es "los problemas de los ministerios sectoriales nunca deben llegar a La Moneda".
Precisamente, esa regla implícita fue la que se quebrantó en el caso de las irregularidades de dineros en el Mineduc, que -según antecedentes que maneja la Contraloría- ascenderían a los 260 mil millones de pesos. "Uno de los errores que cometió la ministra Yasna Provoste fue ése", comentan desde las mismas filas de la Concertación.
Aunque públicamente la coalición de gobierno respaldó el viernes a la ministra -en una reunión que sostuvieron los secretarios generales de los partidos-, en privado el mundo oficialista evalúa que el mal manejo que la jefa de cartera ha tenido de la crisis se centra en tres errores básicos:
1.- No haber suspendido sus vacaciones, que inició el 15 de febrero, el mismo día en que estalló el caso en su ministerio. O, al menos, haber vuelto cuando los datos y las sumas de dinero comenzaban a engrosarse. Se habría evitado que por la prensa aparecieran declaraciones como la de su correligionario Jorge Burgos: "Como amigo que me siento de ella, yo le recomendaría que volviera de sus vacaciones".
2.- No informar de manera pública y a su debido tiempo -esto es, en diciembre de 2006 y a comienzos de 2007-, que en su cartera se había hecho un sumario interno en la Seremi Metropolitana, que terminó, como Provoste recientemente señaló, "con la destitución de una funcionaria que claramente generaba este desorden para encubrir sus ilícitos". Un alto personero oficialista comenta que el haber comunicado eso cuando ocurrieron los hechos habría dejado sin tema a la oposición, porque se posicionaba ella al mando de la fiscalización.
"Decirlo ahora, cuando hay una investigación de Contraloría y del Ministerio Público, tiene nulo impacto político", acota la misma fuente. Provoste faltaba así a la otra regla que Bachelet ha querido imponer desde que llegó a La Moneda en cada uno de los "cartillazos" que les ha hecho a sus ministros -y que el titular de Interior, Edmundo Pérez Yoma, ha remarcado-: anticiparse a los conflictos.
3.- No destituir al seremi Alejandro Traverso (PS) cuando se detectaron las irregularidades. Aunque ya dejó el ministerio, lo hizo después de tensos días en los que Provoste no cejó en darle su respaldo, a pesar de las denuncias de irregularidades existentes en la secretaría a su cargo.
Si la Concertación hace un balance negativo del manejo de la ministra en esta crisis, la Alianza no se quedará en los análisis y prepara una artillería en contra de la secretaria de Estado "que no le dejará más alternativa que dejar su cargo", señala un parlamentario de RN.
Ya se tiene decidido, por ejemplo, que en la primera semana de marzo presentarán la solicitud de interpelarla una semana después. También se analiza la acusación constitucional por "falta de prolijidad, diligencia y transparencia en su gestión". En la oposición creen que la ministra, que se vislumbra como candidata al Parlamento por la III Región, no estará dispuesta a enfrentar un escenario así y optará por apartarse del cargo. "Una acusación implica estar más o menos un mes y medio en el tapete. Es como un juicio en donde tienen que ir a declarar auditores, testigos, etc. Es pésimo políticamente", sentencia un parlamentario.
La Alianza ya ha sostenido conversaciones informales con colorines ex DC que podrían darles los votos para la acusación a Provoste, quien es alvearista y posible contrincante en las próximas senatoriales del ex falangista Jaime Mulet.
Ese escenario dejaría cuestionado también al Gobierno, algo que La Moneda quiere evitar. De hecho, el viernes en Palacio se pretendió cerrar el tema y derivar la atención hacia la Contraloría. Así fue como el titular de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, señaló que "aquí hay un problema administrativo, que espero que se aclare por parte de la Contraloría; por parte del Gobierno está aclarado".
Pero en el oficialismo opinan que la realidad política no será así, tal como comenta un integrante de la mesa de la Democracia Cristiana: "Con este caso, la oposición está recién calentando los motores para marzo".
$150 millones despilfarrados:
El inútil arriendo de oficinas para Chile Califica
El principal denunciante contra la ministra de Educación, Yasna Provoste, Hernán Ortiz, señala -respaldado por un dossier elaborado conjuntamente con el presidente de RN, Carlos Larraín- que en diciembre de 2004 el Mineduc pagó más de 7 mil UF (150 millones de pesos) por el arriendo de los pisos 3, 4 y medio subterráneo de un edificio ubicado en calle Zenteno 234 a la Sociedad de Rentas Yamil S.A.La operación debía ser autorizada por la Contraloría, pero antes de que ésta pudiera pronunciarse, el ministerio pagó un año de arriendo, más un mes de garantía, equivalentes a 7.721,5 UF.
El ente fiscalizador rechazó la resolución que autorizaba el arriendo, pues, para realizar un gasto superior a 3.000 UTM (en este caso, 3.780 UTM), se requería un decreto supremo.
A raíz de ello, la cartera debió emitir uno firmado por el entonces Presidente Ricardo Lagos, el ministro Sergio Bitar y la subsecretaria Marigen Hornkohl.
Este nuevo decreto, que permitió el arriendo de manera legal, habría omitido deliberadamente la cláusula sobre el pago adelantado, pues la suma ya se había desembolsado. Luego, pidió al propietario que le devolviera el cheque para así hacer la operación nuevamente en forma correcta, pero éste se negó. El ministerio no tuvo más remedio que aceptar que cobraran el cheque.
Sin embargo, las oficinas nunca llegaron a ocuparse, pues jamás se contó con el presupuesto para su remodelación, y fueron devueltas a su dueño.
Esto motivó la apertura de un sumario administrativo en el ministerio en enero de 2005, pues se produjo una pérdida de recursos fiscales por más de $150 millones y se contravinieron normas administrativas.Un año después, cuando asumió Martín Zilic como ministro de Educación, ordenó a la subsecretaria, Pilar Romaguera, activar la investigación, puesto que el sumario había quedado congelado. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2006, durante la gestión de Yasna Provoste, dicho sumario se cerró sin encontrar responsables.
Bitar dice que algo recuerda de aquel episodio, pero asegura que siempre se actuó en resguardo de los intereses del Estado, si bien admite los retrasos. "Se tomó la decisión de dejar sin efecto el arriendo para evitar que se produjeran más gastos innecesarios, dada la demora en el traslado de la institución", comenta.
Ex funcionaria de esa entidad dice que se trata de una persona de confianza de Traverso
Acusan a auditora de la Seremi de modificar pruebas
Eliana Rojas se desempeñó como auditora interna de la Seremi Metropolitana entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006, para después ser trasladada al área de financiamiento de subvenciones hasta marzo del año pasado. Ahí -asegura- la despidieron por denunciar irregularidades a la Contraloría, lo mismo que asegura haber sufrido el ex auditor Hernán Ortiz.
-¿Le consta que se cometían irregularidades?
-Hubo muchos informes sobre irregularidades, pero el principal era respecto a las conciliaciones bancarias. A mí me designaron la auditoría de los siete departamentos provinciales de la Seremi Metropolitana y divisé dos cosas principales: varios cheques girados no contabilizados y que no tenían respaldo, y que desde 2005 hacia atrás los departamentos provinciales no llevaban contabilidad de sus transacciones, sino que sólo rendían los gastos sin detallar los cheques girados. Además, pude detectar diversas irregularidades que fueron ocultadas al auditor ministerial (Hernán Ortiz). Por ejemplo, la existencia de cheques clonados y otros duplicados.
-¿Quién ocultaba las anomalías?
-Los informes que yo hacía se los tenía que enviar a Jessica Cárdenas, que era mi jefa directa, y ella se los reenviaba a Hernán Ortiz. Pero me di cuenta de que ella le omitía información, porque él me decía "no me has terminado los informes" y yo ya los había hecho. Jessica retenía los informes y los modificaba.
-¿Qué antecedentes ocultó?-
Los cheques duplicados que se pagaron: cheques que se emitieron dos veces por el mismo monto a una misma entidad, en este caso a las entidades ejecutoras de Chile Califica. Eso no se lo informó ni a Hernán ni a la Contraloría y debió haber entregado esos antecedentes el 31 de diciembre de 2006 al auditor ministerial.
-¿Quién detectó los cheques?-
El contador a cargo. Yo me enteré después cuando hice la auditoría de seguimiento a Chile Califica. El contador se lo dijo a Jessica y ella al seremi (Alejandro Traverso). Ahí se inició un sumario interno el 6 de diciembre de 2006.
Pero esto sólo se informó al Ministerio Público, porque en el informe enviado a la Contraloría omitieron esa información. Ese informe fue redactado por Jessica Cárdenas y tenía la firma del seremi.
-¿Existía una relación entre la auditora jefa y Traverso?
-Jessica Cárdenas era la auditora de confianza de Traverso. Ella había sido contratada por el seremi.
-¿Qué hizo cuando se dio cuenta de que parte de la información se ocultó?
-Pasé esos antecedentes a la Contraloría. Yo tenía una copia de un email donde aparecían las entidades que habían recibido los cheques dobles.
-¿Después de eso la despidieron?
-Cuando volví de mis vacaciones, el 8 de marzo de 2007, me informaron que mi contrato había terminado. Después me enteré que terminaba en diciembre y no en marzo, como se me dijo. Cuando reclamé hicieron una resolución de término de contrato con fecha de marzo. La resolución se basaba en mis bajas calificaciones, cuando siempre obtuve la nota máxima.
Una sostenedora implicada en el caso revela el "método" que utilizaba la giradora de cheques:
Las nuevas acusaciones que involucran a Franka Grez en malos manejos
Carmen Muñoz Celada, procesada por aparentemente beneficiarse del cobro irregular de subvenciones, tiene mucho que decir respecto de la otrora ex giradora de cheques de la Seremi, Franka Grez.
Como propietaria del Dickens College, de Independencia, a fines de 2005 Muñoz postuló a una subvención.
De acuerdo con el testimonio que entregó a la Fiscalía Centro Norte el año pasado, cuando se contactó con Grez, ésta se identificó como "tesorera" de la institución y le dijo que con todos los documentos que había presentado su elección como sostenedora estaba asegurada.
En marzo de ese año, Grez llamó por teléfono a Muñoz para decirle que le había conseguido un anticipo de la subvención. Le dijo que no se preocupara porque cuando empezara a recibir los montos mensuales como sostenedora se descontaría el saldo del anticipo en cuotas.
Días después de que Muñoz recibió su primera subvención, la Seremi le depositó 19 millones de pesos en su cuenta del banco. Ella acudió donde Franka Grez, quien -según Muñoz- le aseguró que se trataba de un nuevo adelanto. Pero al día siguiente la vuelve a llamar, le aclara que había habido un error, y que toda esa plata debía ser destinada a otros sostenedores. De acuerdo con Alejandra Borda, abogada de Muñoz, la "tesorera" le pidió que reintegrara el monto en cuatro cheques al portador, que se fueron a manos de la propia Grez.
Una semana después, el 25 de mayo, el hecho se repitió: $19 millones aparecían otra vez en la cuenta de la sostenedora, y le alegó a Grez que no iba a aceptar otro error más.
Según Muñoz, en ese momento la funcionaria la calificó de malagradecida y le dijo que si no regresaba el dinero bajo la modalidad que ella pedía, tenía el poder para cerrarle el colegio. Muñoz aceptó entregarle el dinero, una parte en cheques y la otra en efectivo. Y aunque Grez prometió darle recibos por el reembolso, jamás lo hizo. Desde entonces no hubo más depósitos irregulares.
A principios de 2007, una llamada telefónica sorprendió a Muñoz. El fiscal de la Seremi, Andrés Araya, se comunicó con ella para preguntarle por qué aparecían dos grandes depósitos en su cuenta corriente que no correspondían. Según los documentos que manejaba el fiscal, ella aparecía como quien depositó el segundo pago por 19 millones en su propia cuenta corriente. Revisando los papeles, encontró que su letra y firma estaban falsificadas.
Atemorizada, Muñoz buscó abogados y acudió a la Fiscalía Centro Norte, que ya tenía una investigación preliminar. En el trayecto, quiso verificar el destino de los cheques que entregó a Grez, y el banco le informó que fueron cobrados por tres personas: Franka Grez, Edmundo Grez Fuentes (hermano de la funcionaria) y Manuel Morales Acosta, cuyos nexos con los dos primeros aún se investigan. Para sorpresa de Muñoz, uno de sus cheques había sido ocupado por Edmundo Grez para realizar el pago a una automotora, aparentemente en la compra de un auto.
Precisamente, esa regla implícita fue la que se quebrantó en el caso de las irregularidades de dineros en el Mineduc, que -según antecedentes que maneja la Contraloría- ascenderían a los 260 mil millones de pesos. "Uno de los errores que cometió la ministra Yasna Provoste fue ése", comentan desde las mismas filas de la Concertación.
Aunque públicamente la coalición de gobierno respaldó el viernes a la ministra -en una reunión que sostuvieron los secretarios generales de los partidos-, en privado el mundo oficialista evalúa que el mal manejo que la jefa de cartera ha tenido de la crisis se centra en tres errores básicos:
1.- No haber suspendido sus vacaciones, que inició el 15 de febrero, el mismo día en que estalló el caso en su ministerio. O, al menos, haber vuelto cuando los datos y las sumas de dinero comenzaban a engrosarse. Se habría evitado que por la prensa aparecieran declaraciones como la de su correligionario Jorge Burgos: "Como amigo que me siento de ella, yo le recomendaría que volviera de sus vacaciones".
2.- No informar de manera pública y a su debido tiempo -esto es, en diciembre de 2006 y a comienzos de 2007-, que en su cartera se había hecho un sumario interno en la Seremi Metropolitana, que terminó, como Provoste recientemente señaló, "con la destitución de una funcionaria que claramente generaba este desorden para encubrir sus ilícitos". Un alto personero oficialista comenta que el haber comunicado eso cuando ocurrieron los hechos habría dejado sin tema a la oposición, porque se posicionaba ella al mando de la fiscalización.
"Decirlo ahora, cuando hay una investigación de Contraloría y del Ministerio Público, tiene nulo impacto político", acota la misma fuente. Provoste faltaba así a la otra regla que Bachelet ha querido imponer desde que llegó a La Moneda en cada uno de los "cartillazos" que les ha hecho a sus ministros -y que el titular de Interior, Edmundo Pérez Yoma, ha remarcado-: anticiparse a los conflictos.
3.- No destituir al seremi Alejandro Traverso (PS) cuando se detectaron las irregularidades. Aunque ya dejó el ministerio, lo hizo después de tensos días en los que Provoste no cejó en darle su respaldo, a pesar de las denuncias de irregularidades existentes en la secretaría a su cargo.
Si la Concertación hace un balance negativo del manejo de la ministra en esta crisis, la Alianza no se quedará en los análisis y prepara una artillería en contra de la secretaria de Estado "que no le dejará más alternativa que dejar su cargo", señala un parlamentario de RN.
Ya se tiene decidido, por ejemplo, que en la primera semana de marzo presentarán la solicitud de interpelarla una semana después. También se analiza la acusación constitucional por "falta de prolijidad, diligencia y transparencia en su gestión". En la oposición creen que la ministra, que se vislumbra como candidata al Parlamento por la III Región, no estará dispuesta a enfrentar un escenario así y optará por apartarse del cargo. "Una acusación implica estar más o menos un mes y medio en el tapete. Es como un juicio en donde tienen que ir a declarar auditores, testigos, etc. Es pésimo políticamente", sentencia un parlamentario.
La Alianza ya ha sostenido conversaciones informales con colorines ex DC que podrían darles los votos para la acusación a Provoste, quien es alvearista y posible contrincante en las próximas senatoriales del ex falangista Jaime Mulet.
Ese escenario dejaría cuestionado también al Gobierno, algo que La Moneda quiere evitar. De hecho, el viernes en Palacio se pretendió cerrar el tema y derivar la atención hacia la Contraloría. Así fue como el titular de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, señaló que "aquí hay un problema administrativo, que espero que se aclare por parte de la Contraloría; por parte del Gobierno está aclarado".
Pero en el oficialismo opinan que la realidad política no será así, tal como comenta un integrante de la mesa de la Democracia Cristiana: "Con este caso, la oposición está recién calentando los motores para marzo".
$150 millones despilfarrados:
El inútil arriendo de oficinas para Chile Califica
El principal denunciante contra la ministra de Educación, Yasna Provoste, Hernán Ortiz, señala -respaldado por un dossier elaborado conjuntamente con el presidente de RN, Carlos Larraín- que en diciembre de 2004 el Mineduc pagó más de 7 mil UF (150 millones de pesos) por el arriendo de los pisos 3, 4 y medio subterráneo de un edificio ubicado en calle Zenteno 234 a la Sociedad de Rentas Yamil S.A.La operación debía ser autorizada por la Contraloría, pero antes de que ésta pudiera pronunciarse, el ministerio pagó un año de arriendo, más un mes de garantía, equivalentes a 7.721,5 UF.
El ente fiscalizador rechazó la resolución que autorizaba el arriendo, pues, para realizar un gasto superior a 3.000 UTM (en este caso, 3.780 UTM), se requería un decreto supremo.
A raíz de ello, la cartera debió emitir uno firmado por el entonces Presidente Ricardo Lagos, el ministro Sergio Bitar y la subsecretaria Marigen Hornkohl.
Este nuevo decreto, que permitió el arriendo de manera legal, habría omitido deliberadamente la cláusula sobre el pago adelantado, pues la suma ya se había desembolsado. Luego, pidió al propietario que le devolviera el cheque para así hacer la operación nuevamente en forma correcta, pero éste se negó. El ministerio no tuvo más remedio que aceptar que cobraran el cheque.
Sin embargo, las oficinas nunca llegaron a ocuparse, pues jamás se contó con el presupuesto para su remodelación, y fueron devueltas a su dueño.
Esto motivó la apertura de un sumario administrativo en el ministerio en enero de 2005, pues se produjo una pérdida de recursos fiscales por más de $150 millones y se contravinieron normas administrativas.Un año después, cuando asumió Martín Zilic como ministro de Educación, ordenó a la subsecretaria, Pilar Romaguera, activar la investigación, puesto que el sumario había quedado congelado. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2006, durante la gestión de Yasna Provoste, dicho sumario se cerró sin encontrar responsables.
Bitar dice que algo recuerda de aquel episodio, pero asegura que siempre se actuó en resguardo de los intereses del Estado, si bien admite los retrasos. "Se tomó la decisión de dejar sin efecto el arriendo para evitar que se produjeran más gastos innecesarios, dada la demora en el traslado de la institución", comenta.
Ex funcionaria de esa entidad dice que se trata de una persona de confianza de Traverso
Acusan a auditora de la Seremi de modificar pruebas
Eliana Rojas se desempeñó como auditora interna de la Seremi Metropolitana entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006, para después ser trasladada al área de financiamiento de subvenciones hasta marzo del año pasado. Ahí -asegura- la despidieron por denunciar irregularidades a la Contraloría, lo mismo que asegura haber sufrido el ex auditor Hernán Ortiz.
-¿Le consta que se cometían irregularidades?
-Hubo muchos informes sobre irregularidades, pero el principal era respecto a las conciliaciones bancarias. A mí me designaron la auditoría de los siete departamentos provinciales de la Seremi Metropolitana y divisé dos cosas principales: varios cheques girados no contabilizados y que no tenían respaldo, y que desde 2005 hacia atrás los departamentos provinciales no llevaban contabilidad de sus transacciones, sino que sólo rendían los gastos sin detallar los cheques girados. Además, pude detectar diversas irregularidades que fueron ocultadas al auditor ministerial (Hernán Ortiz). Por ejemplo, la existencia de cheques clonados y otros duplicados.
-¿Quién ocultaba las anomalías?
-Los informes que yo hacía se los tenía que enviar a Jessica Cárdenas, que era mi jefa directa, y ella se los reenviaba a Hernán Ortiz. Pero me di cuenta de que ella le omitía información, porque él me decía "no me has terminado los informes" y yo ya los había hecho. Jessica retenía los informes y los modificaba.
-¿Qué antecedentes ocultó?-
Los cheques duplicados que se pagaron: cheques que se emitieron dos veces por el mismo monto a una misma entidad, en este caso a las entidades ejecutoras de Chile Califica. Eso no se lo informó ni a Hernán ni a la Contraloría y debió haber entregado esos antecedentes el 31 de diciembre de 2006 al auditor ministerial.
-¿Quién detectó los cheques?-
El contador a cargo. Yo me enteré después cuando hice la auditoría de seguimiento a Chile Califica. El contador se lo dijo a Jessica y ella al seremi (Alejandro Traverso). Ahí se inició un sumario interno el 6 de diciembre de 2006.
Pero esto sólo se informó al Ministerio Público, porque en el informe enviado a la Contraloría omitieron esa información. Ese informe fue redactado por Jessica Cárdenas y tenía la firma del seremi.
-¿Existía una relación entre la auditora jefa y Traverso?
-Jessica Cárdenas era la auditora de confianza de Traverso. Ella había sido contratada por el seremi.
-¿Qué hizo cuando se dio cuenta de que parte de la información se ocultó?
-Pasé esos antecedentes a la Contraloría. Yo tenía una copia de un email donde aparecían las entidades que habían recibido los cheques dobles.
-¿Después de eso la despidieron?
-Cuando volví de mis vacaciones, el 8 de marzo de 2007, me informaron que mi contrato había terminado. Después me enteré que terminaba en diciembre y no en marzo, como se me dijo. Cuando reclamé hicieron una resolución de término de contrato con fecha de marzo. La resolución se basaba en mis bajas calificaciones, cuando siempre obtuve la nota máxima.
Una sostenedora implicada en el caso revela el "método" que utilizaba la giradora de cheques:
Las nuevas acusaciones que involucran a Franka Grez en malos manejos
Carmen Muñoz Celada, procesada por aparentemente beneficiarse del cobro irregular de subvenciones, tiene mucho que decir respecto de la otrora ex giradora de cheques de la Seremi, Franka Grez.
Como propietaria del Dickens College, de Independencia, a fines de 2005 Muñoz postuló a una subvención.
De acuerdo con el testimonio que entregó a la Fiscalía Centro Norte el año pasado, cuando se contactó con Grez, ésta se identificó como "tesorera" de la institución y le dijo que con todos los documentos que había presentado su elección como sostenedora estaba asegurada.
En marzo de ese año, Grez llamó por teléfono a Muñoz para decirle que le había conseguido un anticipo de la subvención. Le dijo que no se preocupara porque cuando empezara a recibir los montos mensuales como sostenedora se descontaría el saldo del anticipo en cuotas.
Días después de que Muñoz recibió su primera subvención, la Seremi le depositó 19 millones de pesos en su cuenta del banco. Ella acudió donde Franka Grez, quien -según Muñoz- le aseguró que se trataba de un nuevo adelanto. Pero al día siguiente la vuelve a llamar, le aclara que había habido un error, y que toda esa plata debía ser destinada a otros sostenedores. De acuerdo con Alejandra Borda, abogada de Muñoz, la "tesorera" le pidió que reintegrara el monto en cuatro cheques al portador, que se fueron a manos de la propia Grez.
Una semana después, el 25 de mayo, el hecho se repitió: $19 millones aparecían otra vez en la cuenta de la sostenedora, y le alegó a Grez que no iba a aceptar otro error más.
Según Muñoz, en ese momento la funcionaria la calificó de malagradecida y le dijo que si no regresaba el dinero bajo la modalidad que ella pedía, tenía el poder para cerrarle el colegio. Muñoz aceptó entregarle el dinero, una parte en cheques y la otra en efectivo. Y aunque Grez prometió darle recibos por el reembolso, jamás lo hizo. Desde entonces no hubo más depósitos irregulares.
A principios de 2007, una llamada telefónica sorprendió a Muñoz. El fiscal de la Seremi, Andrés Araya, se comunicó con ella para preguntarle por qué aparecían dos grandes depósitos en su cuenta corriente que no correspondían. Según los documentos que manejaba el fiscal, ella aparecía como quien depositó el segundo pago por 19 millones en su propia cuenta corriente. Revisando los papeles, encontró que su letra y firma estaban falsificadas.
Atemorizada, Muñoz buscó abogados y acudió a la Fiscalía Centro Norte, que ya tenía una investigación preliminar. En el trayecto, quiso verificar el destino de los cheques que entregó a Grez, y el banco le informó que fueron cobrados por tres personas: Franka Grez, Edmundo Grez Fuentes (hermano de la funcionaria) y Manuel Morales Acosta, cuyos nexos con los dos primeros aún se investigan. Para sorpresa de Muñoz, uno de sus cheques había sido ocupado por Edmundo Grez para realizar el pago a una automotora, aparentemente en la compra de un auto.
